This report summarizes the San Bernardino County UPK Mixed Delivery Needs Assessment, examining how families of three‑ and four‑year‑olds navigate the early care and education system. Findings highlight major barriers, including limited availability, inconsistent information, language challenges, confusion about Transitional Kindergarten, and economic hardship. Recommendations to improve access, strengthen the workforce, enhance linguistic responsiveness, and expand comprehensive services are included.

California’s child care reimbursement rates have not kept pace with the true cost of care, leaving providers reimbursed well below what it costs to operate programs. The gap ranges from 24% to 65% across the regions shown, highlighting the need for reimbursement rates that better reflect the actual cost of care.

Las guarderías subvencionadas por el gobierno ayudan a más de 24.000 familias a poder trabajar en las comunidades de CCRC. Algunos de los principales empleadores son Amazon, Kaiser Permanente, Target, Walmart, el Condado de San Bernardino, el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles y el Departamento de Servicios Sociales del Condado de Los Ángeles. El cuidado de niños subvencionado por el gobierno aporta 509 millones de dólares a la economía local a través de pequeñas empresas de cuidado de niños. Cuando los padres no tenían acceso a este servicio, el 60% tenía que llamar o faltar al trabajo, trabajar menos horas o cambiar su horario de trabajo. El cuidado infantil subvencionado por el gobierno es bueno para los padres, los empresarios y la economía local.

En California, una de cada tres mujeres y uno de cada cuatro hombres sufren violencia doméstica. Esto tiene implicaciones a largo plazo para su salud y bienestar, así como para el desarrollo de sus hijos. CCRC lideró un esfuerzo de colaboración para implementar 36 sesiones de escucha con una amplia gama de partes interesadas en todo el estado de California para iluminar las barreras críticas que enfrentan los sobrevivientes de la violencia doméstica cuando intentan acceder a los servicios esenciales. Se incluyen recomendaciones para el cambio de políticas, programas y servicios con el fin de garantizar que esta población vulnerable pueda empezar a reconstruir sus vidas.